Chanchullos en Bienes Nacionales, y que los pendejos paguen los impuestos
La Dirección General de Bienes Nacionales (BN) vendió a precio de “vaca muerta” equipos en desuso de las instalaciones del proyecto Cruz de Manzanillo, sin la aprobación de la Junta Examinadora de Muebles del Estado.
La venta se hizo mediante una licitación irregular donde las compañías participantes, además de tener vínculos entre ellas, carecían de las documentaciones legales para participar en ese tipo de subasta.
Bienes Nacionales vendió 400 toneladas de equipos considerados chatarras a la empresa Corporación Royal, creada apenas 10 días antes de la ejecución de la subasta, según revela una segunda auditoria de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana practicada a la entidad que debe velar por las propiedades del Estado.
La venta se hizo mediante una licitación irregular donde las compañías participantes, además de tener vínculos entre ellas, carecían de las documentaciones legales para participar en ese tipo de subasta.
Bienes Nacionales vendió 400 toneladas de equipos considerados chatarras a la empresa Corporación Royal, creada apenas 10 días antes de la ejecución de la subasta, según revela una segunda auditoria de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana practicada a la entidad que debe velar por las propiedades del Estado.
Para la venta de las chatarras, efectuada el 23 de julio de 2010, la primera puja se estableció en 3 mil pesos la tonelada, alcanzando un monto final de 3 mil 700 pesos, según consta en el acta de licitación de Bienes Nacionales.
Se comprobó que la compañía ganadora no contaba al momento de la licitación con oficinas abiertas localizables ni depósitos donde almacenar los insumos adquiridos, por tanto los auditores no pudieron localizar esos depósitos ni verificar los equipos
En una subasta anterior, llevada a cabo apenas seis meses antes por la misma institución, la primera puja se estableció en 4 mil pesos la tonelada, alcanzado una oferta final de 5 mil 500 pesos.
Esta diferencia en los montos de las pujas llamó la atención de manera crítica a los auditores.
Asimismo, los auditores de la Cámara de Cuentas critican que Bienes Nacionales hizo los procesos de descargos de las chatarras, de la licitación pública y de la adjudicación de la venta de los bienes sin contar con la aprobación de la Junta Examinadora de Muebles del Estado, el Ministerio de Hacienda y el contralor General de la República.
Señalan que de esta manera los funcionarios de Bienes Nacionales violaron el reglamento 6105 de la Ley 1832 sobre Bienes Nacionales, que ordena: “Cuando la Dirección de Bienes Nacionales haya obtenido toda la información para el descargo de un equipo, someterá el expediente a la Junta Examinadora de Bienes Muebles del Estado, que estará presidirá por un representante del contralor y auditor general para su aprobación.”
En la investigación se comprobó que la compañía ganadora no contaba al momento de la licitación con oficinas abiertas localizables ni depósitos donde almacenar los insumos adquiridos, por tanto los auditores no pudieron localizar esos depósitos ni verificar los equipos comprados en la licitación.
La empresa tampoco contaba con Certificado de Registro Nacional para el Comercio y la Exportación de Desperdicios de metales, requisitos indispensables para ser elegible en una subasta de venta de chatarras.
Además de la Corporación Yoral, participaron en la licitación las compañías Fortuna Caribbean Group, S.A y Di Cabezzotii Studio, S.A, las cuales no cumplieron con los requisitos exigidos en el aviso de subasta pública, sin embargo las autoridades de BN las aceptaron como buenas y válidas.
