La decisión de no desaduanizar sus mercancía adoptado por los consolidadores de cargas ha provocado la paralización de las actividades y la caída de las recaudaciones en más de un 70 por ciento en la terminal marítima de la Novia del Atlántico, que en las cinco jornadas de paralización se asemeja a un cementerio.
Los llamados “mudanceros” han denunciado que en caso de aceptar la medida restrictiva injustificada de importar ropas usadas que pretende imponer la Dirección General de Aduanas, cerca de 400 empresas consolidadoras de cargas, desaparecerían, dejando sin empleos en Estados Unidos y República Dominicana, de manera directa e indirecta, a unas 70 mil personas en Estados Unidos en República Dominicana.
Señalaron que entre los sectores que serían afectados están los miembros del Sindicato de Cargadores de Cargas de la Zona Portuaria y los propietarios, conductores y ayudantes de los cabezotes que mueven los furgones desde el puerto local hasta los almacenes de las empresas mudanceras, los cuales forman parte del Sindicato de Camiones y Furgones, organizaciones afiliadas a centrales poderosas.
Los furgones varados en el puerto local contienen no solo ropas, sino también
electrodomésticos, muebles y alimentos, muchos de los cuales son perecederos y podrían dañarse si se mantienen sin refrigeración en los almacenes de la Aduana local, lo que afectaría a sus destinatarios que, en su mayoría, son personas pobres, muchas veces en condiciones casi extrema que raya en una pobreza solemne.
Para adoptar la medida prohibitiva que trata de impedir que los mudanceros traigan vestimentas al país, las autoridades aduanales han invocado la Ley 458-73, norma que los consolidadores de cargas se niegan a acatar, argumentando que no le es oponible a su empresas, porque lo que prohíbe es la entrada al país de equipos usados de hospitales y clínicas y vestimentas de procedencia desconocida.
En ese tenor, los empresarios del sector mudanceros dijeron que las cajas y los tanque en los que traen las ropas usadas y nuevas que remite la diáspora dominicana radicada en Estados Unidos a sus parientes residentes en toda la geografía nacional tienen en las facturas que entregan a las autoridades aduanales los nombres, las direcciones y los teléfonos de las emisarios y destinatarios, por lo que no pueden ser vedadas.
Solicitaron al director general de Aduanas, Rafael Camilo, al presidente Leonel Fernández revocar la medida restrictiva que prohíbe la entrada de las ropas usadas que transportan, porque no son sus empresas las responsables de los problemas que confrontan la industria de la aguja ni los importadores de tejidos y confecciones, sino otros factores ajenos a las vestimentas que mueven de Estados Unidos hasta República Dominicana.
Denunciar que la medida puede ocasionar perturbación innecesaria al gobierno venidero, porque en caso de prosperar la prohibición que se les que se quiere aplicar, los obligarían a tener que resistir esa odiosa, insensible e innecesaria medida, la cual crea más problemas que los que resolvería.
Manuel Emilio Gilbert
