Innumerables veces se ha denunciado, con descripción y características de los malhechores y de los vehículos utilizados por los mismos, la forma en que operan bandas de asaltantes en las dos principales autopistas de la república.
Los hechos, que por igual ocurren en plena autopista Las Américas o en el riesgoso trayecto de la Duarte, han atemorizado a residentes y viajeros de toda clase social y de diferentes ocupaciones productivas.
De esta plaga de asaltos en las carreteras no se han salvado los viajeros, pero tampoco camioneros, productores avícolas, vendedores, turistas, familias comunes y los propios dominicanos residentes en exterior.
Las víctimas de estas acciones delictivas corresponden, fundamentalmente, a familias que salen o intentan llegar a las terminales aeroportuarias de mayor afluencia, situadas en el Este, la capital y el Cibao.
Por lo regular, los hechos vandálicos se registran en las vías de mayor importancia, entrelazadas con estas terminales, aunque los asaltos se producen y reproducen con tanta frecuencia y desafío a la autoridad, que abarcan ya a toda clase de personas y vehículos vulnerables, ubicados y perseguidos hasta los tramos más desolados de cualquier autopista o carretera de la nación.
Denunciados y definidos como pintorescos y relampagueantes, estos asaltos son el eco doliente de una constante denuncia en nuestros medios de comunicación. Un eco transmitido con impotencia y frustración por los familiares y por las mismas personas despojadas de sus documentos, de sus bienes y de su pudor por unos facinerosos, quienes continúan su obrar criminal sin que al parecer nadie los pueda detener.
Los escandalosos y recurrentes episodios de atracos y robos perpetrados por hordas de estos delincuentes, fuertemente armados, con ropas y equipos policiaco-militares, centellas, radios y armas largas, refieren la conformación de una o varias bandas muy bien estructuradas y con vínculos internos y externos en los aeropuertos dominicanos.
Y es que los modos, los horarios y el seguimiento necesario para ejecutar sus planes criminales, dan cuenta de una organización y equipamiento nada común, destinados para tales fines delictivos.
Por el modus operandi y el despliegue exhibido, estas actividades al margen de la ley denotan, también, la posibilidad real de que en las mismas organizaciones criminales participen sujetos activos o vinculados de forma directa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Es una vergüenza grande y deplorable que estas denuncias no recibieran la requerida atención desde el instante mismo en que salieron a luz pública por todos los medios de comunicación del país.
Hubo de esperarse a que la embajada norteamericana hablara y mostrara preocupación, haciendo incluso un llamado de alerta y cuidado a sus ciudadanos al momento de estos salir o llegar a los aeropuertos nuestros, para que entonces el gobierno dominicano pusiera necesaria atención a las tandas de asaltos denunciados y comprobados, suceso que se ha convertido en un drama cotidiano.
Hubo de esperarse a que decenas de familias, dominicanas o extranjeras, fueran víctimas de sorpresivos robos y de toda clase de vejaciones, asaltadas impunemente, después de ser perseguidas, a su llegada o salida, y en las afueras, de los aeropuertos nacionales.
La Policía y el gobierno en general tienen la obligación de detener estas acciones deplorables, que dañan familias, atentan contra la paz y resquebrajan la imagen del país.
¡Basta ya, señores del gobierno, el país completo lo reclama!
