A eso atribuyen impunidad en mal uso de 104 millones de pesos
Una parte significativa de los más de 104 mil millones de pesos que, según el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa se ha llevado “en las uñas” la corrupción en los últimos 10 años, se ha perdido porque el Estado ha retirado las acusaciones contra los imputados.
De manera implícita, el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla, revela el dato en una infografía suministrada a los medios de comunicación, en la que detalla cómo el Estado ha perdido en los últimos 10 años 104 mil 294 millones 156 mil 524 pesos por concepto de la corrupción.
De acuerdo a la infografía, de esa cantidad se perdieron 2 mil 400 millones de pesos, porque el Estado renunció a la persecución de los acusados en el caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme).
Ese caso se detectó en el 2000 mil durante la gestión presidencial del ingeniero Hipólito Mejía, pero en el actual mandato gubernamental el Estado desistió de la acción penal contra los acusados.
En la infografía también figura el caso del gas licuado del petróleo, que envuelve un desfalco por más de 200 millones de pesos, expediente que no concluyó en la justicia, porque el Estado retiró la acusación.
Otro caso que, conforme a la infografía de Bonilla, no prosperó en la justicia porque se concilió y se retiró la acusación, fue el de Sociedad Financiera Nacional de Crédito (Conacre). De ese caso fueron acusados varios ejecutivos de la comisión de un fraude por más 112 millones de pesos.
En el caso de los programas de Evaluación Mínimo de Empleos (PEME) y de Acción Barrial (PRODABA) operaron en el primer Gobierno del presidente Leonel Fernández.
Conforme a la investigación que se hizo en ese entonces, dichos programas operaron sin la emisión de ningún decreto ni ley que los sustentara, razón por la cual los recursos que recibieron fueron emitidos de forma irregular, según consta en el expediente sometido a la justicia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Dicho expediente dice, además, que conforme con investigaciones realizadas por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), en el período del 14 al 17 de agosto deñ 2000, dos días antes y uno después que el ingenierio Hipólito Mejía tomara posesión como presidente de la República, en el Banco Popular se depositaron 16 mil 632 cheques ascendentes a 10 millones 892 mil 182 pesos a nombre de Grecia Peguero Rivera, hermana de Luis Ynchausti, ex director del (PEME).
Ese expediente, en el que estaban además de Ynchasti otros funcionarios del Gobierno, el Gobierno desistió de la querella, por entender que se trató de un caso político en que no hubo dolo.
Sin embargo, Bonilla lo cita en la infografía donde detalla los casos en que el Estado ha perdidos miles de millones de pesos por concepto corrupción.
Casos archivados
El informe de Hotoniel Bonilla incluye casos, como el Peme y el del gas licuado de petróleo en los cuales el Gobierno entendió que no hubo dolo, por lo que desistió de la acusación contra los inculpados, lo que motivó que esos expedientes fueran archivados.
Escrito por: SILVIO CABRERA (s.cabrera@elnacional.com.do)
