El espacio Gobierno de la Tarde afirmó que los jueces de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santiago fueron “forzados por el Derecho” a acoger la decisión política de favorecer a los implicados en el millonario fraude de la Dirección de Aduanas en Santiago.
Así lo enfatizaron los abogados y comentaristas José Marte Piantini y Ricardo Nieves, quienes precisaron que “la mano política” del Gobierno forzó a que los jueces de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santiago a eliminar la prisión preventiva como las medidas de coerción en el caso contra Adalberto Rosa Rosario, ex subcolector de Aduanas; Miguel Ángel Lazala y Gerard Estévez Peña, acusados de cometer un millonario fraude en la Dirección de Aduanas de Santiago.
Señalaron que los magistrados, ante lo burdo y evidente de la variación de la coerción, se vieron forzados a motivar de forma explicativa la decisión.
Observaron que los jueces motivaron la sentencia evacuada citando el artículo 288 del Código Procesal Penal, sobre Justicia Rogada, que precisa que “Los jueces son terceros, imparciales, que por la separacion de los podres no investigan ni persiguen ni solicitan sanciones, sino que la explican”.
Marte Piantini subrayó que los juces debieron acoger las medidas solicitadas por Aduianas, en su condición de actor civil, y el MinisterioPúblico, como representante del Estado, no obstante la magistrada Jenni Berenice Aquino haber sindicado al grupo como criminal, que traficaba con armas y evadía impuestos.
Sin embargo, para justificar la variación de la medida, la Corte observó que “A pesar de todo esto, la Dirección General de Aduanas solicitó, sorpresiva e ilógicamente, a la Corte la variacion de la medidas de coercion, no obstante haberle refutado al Ministeiro Público, el ilícito penal de que se trata, entendiendo Aduanas que hay asociación de malhechores y falsedad en escritua pública”.
A los implicados en el millonario fraude, la Sala Penal de la Corte de Apelación les impuso una garantía económica de dos millones de pesos cada uno, impedimento de salida del país y presentación todos los días 30 de cada mes por ante la fiscalía de Santiago.
Al variarse la sentencia, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, negó que desde el Gobierno se incidiera para favorecer con libertad a los jóvenes implicados en el fraude millonario de la Dirección de Aduanas de Santiago, a quienes se señalan como hijos de connotados dirigentes del PLD en esa ciudad.
“Los jueces no estaban obligados a acoger el pedimento que le hiciera le procuradora Calderón”, dijo al ser preguntado por los periodistas.
Este lunes, el director de Aduanas, Rafael Camilo, se negó a responder preguntas de los medios de comunicación que cubrían una rueda de prensa de la institución.
